El presidente de la FEPRINCO, Beltrán Macchi Salín, realizó unas declaraciones ante la situación de violencia por la que atraviesan los compatriotas en la zona norte del país e indicó lo siguiente:
Jorge fue asesinado, Edelio, Félix y Oscar están secuestrados. La muerte de Jorge y el secuestro de Edelio, Félix y Oscar, nos convocan hoy en Concepción para solidarizarnos con todas las familias de la zona norte del país y a cada uno de los compatriotas que viven en esta región amenazados en sus vidas y en sus bienes.
Abrazamos muy especialmente a las familias de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, a la familia del joven Jorgito Ríos, y compartimos el dolor y la impotencia de todas las familias víctimas de la crueldad y de la violencia irracional que desde hace muchos años siembran los grupos terroristas en nuestro país, a través de actos deleznables como la extorsión, los saqueos, el secuestro y el asesinato.
Vinimos para acompañarles y reafirmar nuestro rechazo como sociedad a todo tipo de violencia y nuestro convencimiento de que solo con el fruto de nuestro trabajo y esfuerzo lograremos el bienestar y la dignidad de nuestras familias.
Sin SEGURIDAD no hay inversión, no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay bienestar de la población, sin seguridad estamos condenados a la miseria, al atraso y al dolor. La VIOLENCIA destruye la convivencia social, la vida y nuestras familias. Ella no es compatible con la forma de vida de los paraguayos, no es compatible con el TRABAJO, no es compatible con la INVERSIÓN, que nos permitirá un mayor desarrollo, la felicidad y el bienestar de la gente.
En algún momento de nuestra historia, los obispos de la Iglesia Católica nos hacían un llamado al saneamiento moral de la Nación. Muchos recordarán a Monseñor Ismael Rolón cuando nos llamaba la atención sobre esto. A 32 años de nuestra vida democrática debemos rescatar nuestros valores como paraguayos: el trabajo duro, la solidaridad, la amabilidad, el “a buen tiempo”, la familia, la decencia, la paz, la verdad y la justicia. Valores que nos hicieron una Nación única en Latinoamérica. Estos valores que definieron nuestra personalidad fueron sustituidos por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada que hoy reinan en nuestro país, ubicándonos en el puesto Nº 137 de 180 países evaluados, en el ranking de corrupción.
Si no hacemos algo, si no recuperamos las virtudes sociales, habremos fallado como sociedad al haber dejado degradar nuestros valores. Hoy vemos no solo nuestra integridad física en peligro por la delincuencia sino nuestro estilo de vida y nuestra cultura pacífica, así como nuestro sistema de convivencia republicano y democrático.
Llegó el momento de reaccionar, de recuperar la confianza en nosotros mismos, exigiendo que nuestras autoridades den el ejemplo asumiendo la decisión política clara y unívoca de recuperar las virtudes mediante un trabajo honesto y trasparente coordinado entre los Poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el Ministerio Público y las autoridades regionales y que produzca resultados efectivos.
Es hora que las FF.AA., la Policía Nacional y la FTC, apoyados por jueces y fiscales, resuelvan con éxito la lucha contra el flagelo del EPP y el ACA. Llegó la hora en que los esfuerzos institucionales se focalicen para devolver la tranquilidad al Norte del país, que la policía proteja a los ciudadanos de bien y capture a los delincuentes, que nos permitan trabajar y vivir en paz con nuestras familias y en armonía con nuestros vecinos en todo el país.
Pero también es hora que la Policía, la Secretaría Nacional Antidrogas y todos los organismos competentes para ello, nos saquen de la lista de los países de fácil tránsito y producción de drogas. Que los fiscales acusen con rigor y que los jueces apliquen la ley impidiendo que los bandidos, los corruptos, los tramposos, los lavadores de dinero, narcotraficantes y estafadores se paseen alegremente por las calles.
Es hora de que gobernadores, intendentes y diputados sean parte de esta lucha frontal contra todo tipo de delincuencia y nos muestren con hechos (no retóricamente) de qué lado están. Necesitamos un ESTADO presente y eficaz en su tarea, no seguir financiando con trabajo y sudor uno inoperante e indolente. Para tener los resultados que reclamamos necesitamos que el Estado de Derecho sea una realidad y que, en consecuencia, todas y cada una de las instituciones del Estado se sometan a los dictados de la ley.
Permítanme llamar la atención, solo a modo de ejemplo, para que se entienda a qué nos referimos con la sumisión de las instituciones públicas a la ley, sobre dos instituciones: el INDERT y el MADES, propietarias de verdaderos latifundios en Concepción, con más de 500.000 hectáreas, equivalentes a más del 22% del territorio departamental, que fueron expropiadas a costa de nuestros impuestos y que no cumplen con la función para la cual fueron expropiadas.
El 22% del territorio concepcionero es propiedad del Estado paraguayo, ocupado por desconocidos y controlados por bandas criminales. El tráfico de madera, la marihuana, las pistas de aterrizaje clandestinas y las bandas criminales que allí operan se apropiaron de la propiedad del Estado paraguayo ante su pasiva o cómplice actitud, permitiendo que la actividad habitual sea la delincuencia organizada.
¿Qué pasa con las autoridades departamentales, con las municipales, con las comisarías, con los jueces y con los fiscales? No debemos ni podemos permitir que existan zonas liberadas o territorios reconocidos como tierra de nadie en Paraguay.
Si existen es porque nuestras instituciones están fallando. Todos los ciudadanos, y en especial los medios de prensa, debiéramos señalar esto para buscar la mejor solución.
Finalmente llamamos a las fuerzas vivas del país, a los empresarios, a las comunidades y a las familias a impedir que el mal triunfe. Necesitamos que el bien se imponga depende de cada uno de nosotros. No toleremos a los cómplices del mal. Revirtamos la realidad y construyamos un Paraguay donde podamos vivir, trabajar y progresar en paz.
No más muertes, no más secuestros, por ineficacia o impericia de funcionarios que no cumplen o no quieren cumplir su deber constitucional de brindar seguridad a la población.
Que vuelvan Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, y que sus captores sean juzgados y condenados por sus crímenes.
